La protección legal que lo está cambiando todo: cómo los migrantes están frenando las deportaciones

A medida que las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) se extienden por todo Estados Unidos, la comunidad migrante ha comenzado a tomar acciones proactivas para protegerse de las deportaciones masivas. Desde que Donald Trump regresó a la presidencia, más de 40,000 migrantes han sido arrestados a través de los operativos migratorios.

Si bien la prioridad de las redadas del ICE son los individuos con antecedentes criminales, condenas o cargos pendientes, existe una gran cantidad de migrantes, sin ningún tipo de cargos, que han sido arrestados por el ICE. Según cifras obtenidas por NBC News, cerca del 41% del total de detenidos en las primeras dos semanas de febrero no son criminales, por lo que tomar medidas preventivas para evitar la separación familiar y el proceso de expulsión se ha convertido en la prioridad de la comunidad.

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La protección legal que lo está cambiando todo: cómo los migrantes están frenando las deportaciones

En el último mes, cientos de migrantes han optado por la autodeportación. Es decir, regresar a sus países de origen de manera voluntaria para evitar las consecuencias de una deportación forzada y las dificultades asociadas con el procedimiento de expulsión. Bajo esta misma línea, hay quienes han optado por presentar solicitudes de trámites migratorios, protección, asilo o, incluso, un ajuste de estatus, dado que estas medidas les otorgan cierta protección legal al contar con un caso abierto.

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Si bien estas son las prácticas más comunes implementadas por los migrantes para frenar la deportación, lo más recomendable es consultar sus estrategias con un asesor legal, ya que cada caso es diferente. De tal modo, se podrá garantizar la protección de sus derechos, además de conocer a detalle las implicaciones que conlleva cada práctica.

Estas son las únicas órdenes válidas en las redadas del ICE

Según lo establecido en la ley estadounidense, las órdenes judiciales firmadas por un juez federal son el único documento válido para ingresar a una vivienda o lugar de trabajo. Cualquier otro documento, incluidas las órdenes istrativas emitidas por el mismo ICE, no cuentan con la validez legal para obligarte a abrir la puerta de tu negocio u hogar. Si los agentes del ICE no cuentan con una orden judicial firmada por un juez federal, no dejes que ingresen a tu vivienda o trabajo y comunícate de inmediato con tu asesor legal.