Avala el negocio de sus padres, acaba con 900.000 euros de deuda y la Justicia le perdona por la ‘Ley de la Segunda Oportunidad’
El juez reconoce que avaló por compromiso familiar y le concede el perdón total de su deuda.
El Juzgado de lo Mercantil nº1 de Granada ha dictado una sentencia que pone fin a una deuda de 877.898 euros que arrastraba un hombre tras avalar el negocio de sus padres, una residencia geriátrica que no logró sobrevivir a la crisis económica de 2008. La resolución, conocida esta semana, le concede el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI), contemplado en la Ley de Segunda Oportunidad, permitiéndole liberarse legalmente del pago de esa cuantiosa suma.
El hombre formaba parte de la estructura societaria del negocio familiar, una empresa que fue construida con la ilusión de ofrecer atención a personas mayores en la provincia de Granada. Sin embargo, la recesión y la falta de liquidez derivaron en el cierre del centro y el desplome económico de la familia. Al haber avalado personalmente el proyecto, el hijo comenzó a recibir notificaciones judiciales, amenazas de embargo y exigencias de pago.
“No tenía ingresos ni patrimonio alguno”
La defensa legal del afectado ha sido llevada por la Asociación de Ayuda al Endeudamiento, una entidad especializada en tramitar procedimientos de insolvencia bajo el marco de la Ley de Segunda Oportunidad. Su abogado, Pepe Domínguez, ha explicado que el cliente carecía de ingresos estables, propiedades o cualquier activo que pudiera cubrir siquiera una parte mínima de la deuda.
“El primer paso fue detener los intereses de demora. Logramos suspender el embargo inminente de su nómina”, relató Domínguez. Posteriormente, demostraron ante el juzgado que el afectado no era responsable directo de la deuda comercial, y que su único papel había sido actuar como avalista por compromiso familiar.
¿Qué es la Ley de Segunda Oportunidad?
Es un mecanismo introducido en España en 2015 que permite a particulares y autónomos liberarse de deudas impagables, siempre que se cumplan ciertos requisitos: actuar de buena fe, no haber sido condenado por delitos económicos y demostrar que no se dispone de recursos suficientes para saldar las obligaciones pendientes.
Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, en 2023 se resolvieron más de 12.000 procedimientos similares en todo el país, una cifra en crecimiento desde que en 2022 se aprobó la reforma que simplificó este tipo de procesos.
Sin embargo, no todo el mundo puede acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad, está pensada para particulares o autónomos con deudas personales o profesionales, personas que demuestren actuar de buena fe y no oculten patrimonio, aquellos que no superen ciertos límites de deuda (alrededor de 5 millones de euros) y casos donde se haya intentado un acuerdo extrajudicial antes de acudir a los tribunales.
Más allá de lo económico, el caso también visibiliza el drama emocional de quienes intentan salvar negocios familiares con sus propios recursos. El afectado avaló el proyecto de sus padres movido por la confianza y el vínculo personal, sin prever el impacto que la quiebra tendría sobre su futuro.
La aplicación de esta ley es cada vez más común y permite evitar situaciones de exclusión social provocadas por deudas impagables.
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