La Fiscalía europea asume la investigación del ‘caso Koldo’
El organismo llega a la conclusión de que se trataba de una sola trama que operaba en diferentes partes.
La Fiscalía europea ha anunciado este jueves que asume la investigación de todo el ‘caso Koldo’ porque entiende que se trata de una misma trama que operaba en diferentes partes, tanto en Baleares, Canarias, y en el Gobierno central. Así, los fiscales europeos han solicitado un escrito al juzgado número dos de la Audiencia Nacional, a cargo de Ismael Moreno, para que le remita los expediente saque hay en el sumario, según informa El País.
“Una vez recibida la información, después de examinarla en detalle, la Fiscalía Europea ha adoptado la decisión de asumir la competencia en este procedimiento y así investigar conjuntamente la totalidad de los contratos adjudicados por las distintas istraciones Públicas a la misma empresa en un breve periodo de tiempo”, explica el comunicado enviado por la Fiscalía europea.
La Fiscalía europea interviene cuando un caso de corrupción incumbe a fondos de la Unión Europea (UE), que en el caso Koldo afectaron a contratos adjudicados a Baleares y Canarias, ambas regiones ya bajo la investigación de Europa. Como el organismo ha llegado a la conclusión de que el caso es en realidad una sola trama que operaba en distintos puntos, y que afectaba a dinero procedente de la UE, ha exigido asumir todas las pesquisas, tanto las ‘isleñas’ como las del Gobierno central.
Según la información remitida por el Gobierno a la Comisión Europea el pasado marzo, a petición de Bruselas, el fraude afectó a 17,8 millones de euros de fondos europeos, incluidos 14,7 millones de euros procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y otros 3,1 millones del Fondo de Solidaridad.
La Fiscalía europea ya intervino en el caso del hermano de Isabel Díaz Ayuso, unas investigaciones que tanto el organismo comunitario como Anticorrupción, en España, acabaron archivando. Ahora, el juez Ismael Moreno tendrá que decidir si la instrucción continúa en la Audiencia Nacional o en Europa. Si toma la primera decisión, se creará un conflicto de competencias que tendría que resolver la Sala de lo Penal del Alto Tribunal, previa consulta a la Fiscalía del Supremo.
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